Reforma tributaria aprobada en primer debate golpea la inversión y la actividad empresarial
- Para ALIADAS la reforma impacta la operación de las empresas y la posibilidad de generar nuevos empleos.
- La carga tributaria es excesiva y debilitará desempeño del sector productivo del país.
Bogotá, 7 de octubre de 2022. (@AliadasAlianza). La reforma tributaria aprobada en primer debate en las comisiones económicas del Congreso de la República este jueves, afecta la inversión y la actividad empresarial, y tendrá efectos en la generación de empleos y los ingresos de los colombianos.
Así lo advierte ALIADAS, la alianza de 38 gremios y asociaciones empresariales, al señalar que hay temas que generan un impacto negativo en las inversiones que tienen proyectadas los empresarios y alerta sobre las consecuencias en los negocios e industrias que garantizan el sustento de millones de hogares colombianos.
Con esta reforma Colombia será menos competitiva. “Desde las reformas de los años 90 se han venido haciendo esfuerzos importantes para la integración del país al mundo, sin duda esta iniciativa nos hace menos competitivos por doble vía: porque somos más costosos que otros países y por la falta de estabilidad jurídica”, advirtió María Claudia Lacouture, presidenta de ALIADAS.
En la reforma aprobada en primer debate se grava a personas y entidades no residentes que tengan una Presencia Económica Significativa (PES) en el país, sobre los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o prestación de servicios a clientes ubicados en Colombia.
De acuerdo con lo aprobado, para la comercialización de bienes existirá una PES cuando se tenga un despliegue de mercadeo con 300.000 usuarios o más, y el valor de los ingresos brutos obtenidos en el año sea superior a $1.189 millones.
Para efectos de servicios, se aplicarán las normas de la PES, independientemente de la cantidad de usuarios o ingresos que obtenga el prestador del servicio. En ese sentido, estarán gravados con el impuesto sobre la renta, los servicios de contenidos digitales, publicidad online, transmisión libre, incluyendo programas de televisión, películas, streaming, podcast, los servicios de plataformas de intermediación, las
suscripciones digitales a medios audiovisuales, el almacenamiento de datos, los servicios de educación online, la enseñanza o entrenamiento a
distancia, el suministro de derecho de uso o explotación de intangibles o cualquier tipo de servicios digitales.
Al respecto, ALIADAS advierte que el pago de impuesto de renta por parte de empresas que operan de manera global, sin mantener un domicilio fiscal en cada uno de los países donde lo hacen, es un asunto que se viene discutiendo en la OCDE desde hace varios años con el objeto de establecer un estándar de tributación global.
Por lo tanto, ALIADAS le solicita al Gobierno nacional esperar el pronunciamiento de la OCDE sobre este aspecto, a efectos de tomar una decisión consensuada y coordinada a nivel internacional. Aplicar impuestos de manera unilateral a este tipo de servicios, inevitablemente aumentaría su valor dada su alta elasticidad, y el país perdería competitividad frente a otros de la región en términos de atracción de inversión, además de afectar la digitalización de los colombianos, sobre todo, de las micros, pequeñas y medianas empresas (Pymes) que, como efecto de la pandemia, están incorporándose a estas nuevas dinámicas.
Por otro lado, gravar los dividendos que se paguen o abonen a establecimientos en Colombia de sociedades extranjeras a una tarifa del 20 %, sigue generando incertidumbre ya que establece una doble tributación, situación que desincentiva la inversión foránea en el país.
La reforma aprobada le impone a la industria de petróleo y carbón y a otros minerales (entre los que se encuentran materiales de construcción) una sobretasa en renta de 10 %, para el primer año 7,5 % para el segundo y 5 % para el tercero y mantiene la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, lo que asesta un duro golpe a esta actividad y desestimula la inversión en un sector vital para la generación de empleo por sus encadenamientos productivos.
Adicionalmente la sobretasa de 3 puntos a las hidroeléctricas (del año 2023 al 2026), y el aumento de 3 % a 5 % de la sobretasa al sector financiero (entre 2023 y 2027) es una carga adicional para la producción de energía y para el costo de los créditos, respectivamente, que terminará impactando al usuario final.
Aunque la propuesta de gravar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados sufrió modificaciones en la aprobación en este primer debate, con menores tarifas para las bebidas azucaradas y progresivas para los alimentos ultraprocesados (comenzarán en 10 % en 2023, 15 % en 2024 y 20 % en 2025), a ALIADAS le preocupa el impacto de estas medidas en los costos de los alimentos que consumen la mayoría de los colombianos.
Efectos de otros impuestos
El impuesto al patrimonio con tarifas que comienzan en 0,5 % para los patrimonios superiores a $3.000 millones, 1 % para los que superen los $ 5.000 mil millones y 1,5 % para los mayores a $10.000 millones, impacta los bienes de las empresas y de las personas y reduce el incentivo para realizar nuevos proyectos, asegura ALIADAS.
A los usuarios de zonas francas se les establece la obligación de exportar para mantener la tasa diferencial del impuesto de renta en el 20%, con un plan de internacionalización que implica bajar sus ventas al mercado interno al 40 % en 2024, 30 % en 2025 y 20 % a partir del año gravable 2026, de lo contrario tendrán que pagar la tarifa del 35 %. Esta obligación afecta la seguridad jurídica de las empresas que confiaron en el país y que tienen planes de inversión y generación de empleos.
Frente a los plásticos de un solo uso ALIADAS le solicita al Gobierno nacional aclarar en el articulado del proyecto los bienes que serían gravados con este impuesto porque, aunque en la reforma se mencionan productos alimenticios, deja a interpretación algunos productos cosméticos que son altamente consumidos por los estratos 1, 2 y 3 lo que llevaría a un impacto económico en esas poblaciones.
La reforma aprobada, en su artículo 72, grava los ingresos provenientes de las actividades comerciales realizadas por las asociaciones gremiales con una tarifa de renta del 20%, una decisión que para ALIADAS afecta de manera negativa el desarrollo gremial.